Según consta en la documentación oficial, la nueva orden para la “Preparación de Recursos para la Defensa Nacional” le otorga poderes inmensos a la Casa Blanca. Mediante ella se le concede la facultad de controlar y distribuir por decreto la energía, la producción, el transporte, la alimentación e incluso el agua en caso que la defensa y seguridad nacionales estén en peligro. Cabe notar que esta orden no limita su aplicación a tiempos de guerra, sino que se extiende también a tiempos de paz. Quedan asimismo comprendidos bajo la misma el control sobre los contratistas y proveedores, los materiales, los trabajadores calificados y el personal profesional y técnico. Cada uno de los secretarios (ministros) del Poder Ejecutivo (Defensa, Energía, Agricultura, Comercio, Trabajo, etcétera) se encargaría de la ejecución de la orden.
Ordenes Ejecutivas de este tipo, creadas para preparar al país ante inminentes catástrofes o para asegurar la defensa nacional, no son nuevas en la historia de Estados Unidos. Pero en dos casos muy significativos desencadenaron una crisis constitucional, debido a que mediante esos dispositivos jurídicos el Ejecutivo pasa a disponer de facultades dictatoriales sobre los ciudadanos, cuya implementación queda librada a la discrecionalidad del ocupante de la Casa Blanca. Durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln suspendió las libertades de palabra y de prensa, revocó el hábeas corpus y el derecho a un juicio justo bajo la Sexta Enmienda. En ocasión de la Primera Guerra Mundial, el Congreso rehusó otorgar al presidente Woodrow Wilson nuevos y más extensos poderes sobre recursos de diverso tipo para colaborar en el esfuerzo de la guerra.
Wilson, en respuesta, emitió una Orden Ejecutiva que le permitió acceder a un control completo sobre los negocios, la industria, el transporte, los alimentos, así como facultades discrecionales para diseñar e implementar políticas económicas. Según Schortgen Jr., fue sólo luego de la muerte de estos dos presidentes que los poderes constitucionales fueron devueltos al pueblo de Estados Unidos.
El cambio operado en el clima ideológico norteamericano, el avance del belicismo y la sutil y persistente manipulación guerrerista de la opinión pública descartan, salvo inesperadas eventualidades, la irrupción de un debate sobre la constitucionalidad, u oportunidad, de la nueva Orden Ejecutiva.
Con todo, la sorpresiva decisión del presidente Obama abre muy serios interrogantes, pues confirma el vigor de la escalada belicista instalada en Washington. Según se informa en el citado artículo del Examiner.com, aquélla habría sido precipitada por la certeza de que los planes israelíes para atacar a Irán habrían entrado ya en una cuenta regresiva que Washington demostró ser incapaz de detener.
El killer de Jerusalén ya no obedece las órdenes de sus patrones y financiadores y Washington se prepara, paradójicamente arrastrado por uno de sus peones, para participar en una guerra que incendiará a Medio Oriente. Por eso Obama ha decidido reforzar extraordinariamente los poderes presidenciales y adoptar los recaudos para que, cuando la coyuntura lo exija, toda la maquinaria económica de Estados Unidos sea puesta al servicio de la nueva, y más grave, aventura militar.
No es un dato menor recordar que ni siquiera durante la guerra de Vietnam las sucesivas administraciones norteamericanas apelaron a tan fenomenal concentración de poder. Hace ya bastante tiempo que Fidel viene advirtiendo sobre los peligros que se ciernen sobre la paz mundial. En una “reflexión” escrita pocos días después de que Obama emitiera la nueva orden, “Los caminos que conducen al desastre”, el Comandante concluía su nota diciendo que “no albergo la menor duda de que Estados Unidos está a punto de cometer y conducir el mundo al mayor error de su historia”. Lamentablemente, los hechos parecen darle la razón una vez más.
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